En España hoy, casi sesenta y ocho años después de finalizada la guerra civil española, tras una dictadura que prohibió la Masonería y fusiló, encarceló, exilió o mantuvo privados de todo derecho básico a sus miembros; después de una transición modélica a la Democracia y casi treinta años de vivencia constitucional, aún es difícil superar algunos aspectos del pasado. Reproduzco aquí un artículo muy interesante de Javier Pradera, aparecido recientemente en El País.LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA
(Javier Pradera. El País, 29-IV-2007)
La negociación entre los portavoces del PSOE y de IU ha sacado de su parálisis parlamentaria a la ley de la memoria histórica (un texto de contenido heterogéneo tratado con una deficiente técnica jurídica) cuyo proyecto fue admitido a trámite por el Congreso el 14 de diciembre pasado con notables dificultades: PP, ERC e IU votaron en contra y CiU y PNV le dieron un respaldo sólo condicionado y reticente. Como suele ocurrir con las propuestas que aspiran a conciliar actitudes dominadas por las emociones, la mala acogida dispensada a la iniciativa del Gobierno desde la derecha y desde la izquierda se debió a razones diametralmente opuestas: en tanto que los populares acusaban al presidente Zapatero de romper los acuerdos de la transición y de promover el revanchismo de los defensores de la legalidad republicana derrotados en la Guerra Civil, IU y ERC criticaron la tibieza del proyecto y exigieron la anulación de las condenas dictadas por los consejos de guerra y por los tribunales de excepción del franquismo desde el 18 de julio de 1936 hasta la transición.
PSOE e IU enmiendan la ley de reconocimiento de los derechos de las víctimas de la guerra y la dictadura que declara ilegítimos los tribunales y las sentencias de la represión franquista, abstracción hecha del ocioso debate sobre la propiedad terminológica de la expresión memoria histórica (en realidad el título del proyecto de ley se refiere sólo al reconocimiento y ampliación de los derechos de quienes "padecieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura"), la aplicación de una justicia retroactiva sobre el pasado constituye una cuestión central en los procesos de transición. El reciente libro de Jon Elster acerca de la justicia transicional (Rendición de cuentas, Katz Editores, 2007) estudia ese problema desde la Atenas de finales del siglo V antes de Cristo hasta la descomposición del bloque soviético.
El análisis de la justicia transicional muestra las contradicciones latentes entre las demandas de justicia sustantiva que exigen la reparación de los daños inferidos por una dictadura, de un lado, y el respeto debido al imperio de la ley instaurado por la democracia, de otro. Tras la caída del muro de Berlín, un disidente de la Alemania Oriental expresó con lúcida crudeza la desilusión de los resistentes al régimen comunista ante el desenlace de esa antinomia: "Esperábamos obtener justicia pero en su lugar recibimos el Estado de derecho". El acuerdo entre el PSOE e IU declara la ilegitimidad de los tribunales (y de sus sentencias) creados en la Guerra Civil y durante la dictadura (los consejos de guerra y los tribunales de Responsabilidades Políticas, de Masonería y Comunismo y de Orden Público) por motivos ideológicos o políticos. Las diferentes interpretaciones dadas -también por los firmantes- a esa imprecisa enmienda confirman las dificultades existentes para armonizar -treinta años después de iniciada la transición- los términos de un correoso dilema: satisfacer las peticiones de los represaliados por el franquismo o mantener los principios de seguridad jurídica, prescripción e irretroactividad restaurados por el ordenamiento constitucional de 1978. Es improbable que el apasionado clima de confusión actual se disipe antes del fin de la legislatura. El Gobierno afirma que no se anularán los juicios del franquismo ni se revisarán de oficio las sentencias. CiU y PNV mantienen sus reservas sobre la enmienda pactada entre PSOE e IU. El portavoz de ERC -socio del Gobierno- critica que el proyecto de ley no alcance "los principios mínimos" exigibles. El coordinador de IU interpreta que el acuerdo con los socialistas permitirá a los tribunales anular los fallos ilegítimos y sus consecuencias (incluso económicas) pero el secretario general del PCE -miembro de la coalición- proclama su "radical desacuerdo" con el proyecto. En la bancada de enfrente, el portavoz Zaplana trompetea que la enmienda implica "derribar el pilar" de la reconciliación entre los españoles. En cualquier caso, un revisionismo irresponsable de la transición llevaría al naufragio: las sociedades emergidas de una larga dictadura están obligadas a reconstruirse en medio del oleaje de alta mar -la metáfora es de Jon Elster- con materiales heredados del pasado por deleznables, insatisfactorios y viciados que puedan parecer a los antiguos resistentes.
PSOE e IU enmiendan la ley de reconocimiento de los derechos de las víctimas de la guerra y la dictadura que declara ilegítimos los tribunales y las sentencias de la represión franquista, abstracción hecha del ocioso debate sobre la propiedad terminológica de la expresión memoria histórica (en realidad el título del proyecto de ley se refiere sólo al reconocimiento y ampliación de los derechos de quienes "padecieron persecución o violencia durante la guerra y la dictadura"), la aplicación de una justicia retroactiva sobre el pasado constituye una cuestión central en los procesos de transición. El reciente libro de Jon Elster acerca de la justicia transicional (Rendición de cuentas, Katz Editores, 2007) estudia ese problema desde la Atenas de finales del siglo V antes de Cristo hasta la descomposición del bloque soviético.
El análisis de la justicia transicional muestra las contradicciones latentes entre las demandas de justicia sustantiva que exigen la reparación de los daños inferidos por una dictadura, de un lado, y el respeto debido al imperio de la ley instaurado por la democracia, de otro. Tras la caída del muro de Berlín, un disidente de la Alemania Oriental expresó con lúcida crudeza la desilusión de los resistentes al régimen comunista ante el desenlace de esa antinomia: "Esperábamos obtener justicia pero en su lugar recibimos el Estado de derecho". El acuerdo entre el PSOE e IU declara la ilegitimidad de los tribunales (y de sus sentencias) creados en la Guerra Civil y durante la dictadura (los consejos de guerra y los tribunales de Responsabilidades Políticas, de Masonería y Comunismo y de Orden Público) por motivos ideológicos o políticos. Las diferentes interpretaciones dadas -también por los firmantes- a esa imprecisa enmienda confirman las dificultades existentes para armonizar -treinta años después de iniciada la transición- los términos de un correoso dilema: satisfacer las peticiones de los represaliados por el franquismo o mantener los principios de seguridad jurídica, prescripción e irretroactividad restaurados por el ordenamiento constitucional de 1978. Es improbable que el apasionado clima de confusión actual se disipe antes del fin de la legislatura. El Gobierno afirma que no se anularán los juicios del franquismo ni se revisarán de oficio las sentencias. CiU y PNV mantienen sus reservas sobre la enmienda pactada entre PSOE e IU. El portavoz de ERC -socio del Gobierno- critica que el proyecto de ley no alcance "los principios mínimos" exigibles. El coordinador de IU interpreta que el acuerdo con los socialistas permitirá a los tribunales anular los fallos ilegítimos y sus consecuencias (incluso económicas) pero el secretario general del PCE -miembro de la coalición- proclama su "radical desacuerdo" con el proyecto. En la bancada de enfrente, el portavoz Zaplana trompetea que la enmienda implica "derribar el pilar" de la reconciliación entre los españoles. En cualquier caso, un revisionismo irresponsable de la transición llevaría al naufragio: las sociedades emergidas de una larga dictadura están obligadas a reconstruirse en medio del oleaje de alta mar -la metáfora es de Jon Elster- con materiales heredados del pasado por deleznables, insatisfactorios y viciados que puedan parecer a los antiguos resistentes.
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