lunes, 16 de julio de 2007

MATANDO EN NOMBRE DE DIOS

Desde hace un tiempo vengo dándole vueltas al problema de la defensa del derecho a la vida. Hay casos sangrantes de violación masiva de ese pincipio esencial que, sin embargo, el mundo observa desde los noticiarios entre el horror y la indiferencia; los ejemplos podrían ser Darfur, la franja de Gaza, Líbano, Irak, Pakistán, Sierra Leona, y un largo etcétera de "puntos calientes" del planeta, a los que nuestros gobiernos y las instituciones supranacionales son incapaces de dar solución.

No me voy a referir aquí a esos casos, sino a otros más sutiles, más crueles, más siniestros y preocupantes porque se inscriben en el marco legal de los países en los que tienen lugar: las penas de muerte sentenciadas por tribunales legalmente constituidos. Para cualquier persona dotada de unos mínimos valores y, por supuesto, para cualquier masón o masona, la idea del asesinato legal, sea cual sea el delito que lo promueva, nos parece absolutamente repugnante y rechazable sin paliativos. Ese es un principio defendido por todos los estados que constituyen la Unión Europea y, desde nuestra visión eurocéntrica (y sin pretender ninguna supremacía moral que no tendría mayor apoyatura argumental), los casos de Estados Unidos o China nos parecen, simple y llanamente, un ejemplo de barbarie.

Pero hay casos que me parecen mucho más sangrantes: los de las ejecuciones dictadas sobre la base de la ley religiosa. ¿Qué credo puede permitir segar la vida humana sin que con ello se lesionen los principios más básicos que lo fundamentan? ¿En nombre de qué concepto de la divinidad, del Uno, del Principio Creador puede atacarse la Vida? ¿Qué modelo de sociedad se pretende cuando un grupo humano pervierte los valores comunes hasta ese extremo?

Hoy, el cristianismo se ha relajado bastante en este punto: la Iglesia Católica ya no quema herejes (aunque lo que se hace desde sus medios de comunicación se acerque bastante...); las iglesias cristianas no marcan a fuego a los pecadores, ni envían a sus miembros a convertir paganos a golpe de espada y crucifijo (son más sutiles y, aplicando técnicas de márketing, desde hace tiempo lo llaman "misionar"). El budismo y el hinduismo no parecen ser hoy, como religiones, especialmente violentas. El judaísmo, como credo, tampoco emplea las mutilaciones o la ejecución por delitos comunes o por atentar contra los principios religiosos (caso aparte es lo que hace el Estado de Israel con los palestinos, que es algo que no cabe ahora aquí). Entonces, te preguntarás a qué me refiero, qué es lo que me preocupa. Me refiero a las lapidaciones realizadas en nombre del Islam.

Esta realidad asaltó masivamente nuestros hogares en 2002, cuando Amnistía Internacional denunció la decisión de un tribunal islámico de Katsina, en el norte de Nigeria, de condenar a muerte por lapidación a una mujer, Amina Lawal. Su delito: el adulterio. Esta particular interpretación de la Sharía islámica se repitió en otros casos, como los de Fátima Usman, Ahmadu Ibrahim y Yamusa Rafin. Sólo la presión internacional de diferentes gobiernos y organismos, unida a las miles de firmas de ciudadanos anónimos de todo el mundo, lograron impedir estos asesinatos, pretendidos en nombre de una norma religiosa del siglo VII. La Declaración Universal de los Derechos Humanos defiende, nuestro derecho a la vida, a la integridad física, al respeto de nuestra privacidad y a crear o romper vínculos matrimoniales; de ahí que el Comité de Derechos Humanos haya afirmado que: "es indiscutible que las actividades sexuales en privado están cubiertas por el concepto de "privacidad". Acusar y detener a mujeres por mantener relaciones sexuales viola su derecho a la libertad de expresión y de asociación y es discriminatorio porque no respeta su derecho a la privacidad". Eso nos da paso a hacernos dos preguntas más: ¿por qué este tipo de normas se aplican preferentemente a las mujeres? Y, segunda, ¿recuerda alguien el episodio de la adúltera relatado en los Evangelios? De su lectura atenta, objetiva y desapasionada se obtienen todas las claves para enfocar casos como estos, se profese la religión que se quiera. Los casos de Nigeria fueron los primeros, los más llamativos. Quizás porque era en Nigeria. Y digo esto porque la Sharía, así como el resto de la Ley Coránica, se aplica sistemáticamente en Arabia Saudí, donde se mutila y ejecuta cotidianamente sin que los gobiernos de la tierra se lleven las manos a la cabeza, no sea que la producción petrolífera y el comercio internacional vayan a verse afectados por una mano aquí, o una adúltera allá en un pueblo perdido de la Península Arábiga.
Tras la desaparición del régimen talibán en Afganistán, estos casos vuelven ahora a la palestra, pero esta vez en Irán. Los diarios occidentales destacan lo que entienden como un progresivo recorte de las libertades en ese país, que afecta tanto a hombres como a mujeres, y que supone que el Estado, desde presupuestos religiosos tenidos como normas legales de obligado cumplimiento para la totalidad de sus ciudadanos, puede inmiscuirse en su vida privada y entrar a valorar la forma en que éstos entablan sus relaciones sociales, poniendo como pago por las mismas la propia vida. No creo que el Islam sea perverso; al menos no más que el resto de las religiones organizadas. Pienso, sin embargo, que el fanatismo y la intolerancia son los males que subyacen tras este tipo de prácticas. En este caso es el integrismo religioso el que lleva a hacer una interpretación restrictiva y cruel de la norma, que el islam progresista (que existe y ha dado ejemplos de convivencia y tolerancia durante siglos) no concibe. En cualquier caso, estimo que se trata de una interpretación y de una práctica aborrecibles. No menos aborrecible que cualquier otra que, realizada desde presupuestos no ya religiosos, sino políticos o de cualquier otro tipo, igualmente fanánitos e intolerantes, atenten contra la dignidad, la integridad, la propiedad, la libertad y la vida de los seres humanos.

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